¡La ley te protege, úsala!

20 de Marzo, 2018

(Prensa RVG-20/03/2018) La Constitución de Venezuela consagra los derechos y deberes de los ciudadanos, pero además de la Carta Magna, desde el 30 de diciembre del 2014, fecha en la fue publicada en Gaceta Oficial la Ley para la promoción y protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares, existe otro mecanismo de defensa.

El documento, presenta siete capítulos en los que aborda las obligaciones del Estado y corresponsabilidad, prohibición de discriminación, información confidencial, responsabilidad por actos de discriminación, relaciones familiares, igualdad en el derecho a la educación, salud, trabajo, cultura, deporte y recreación, además, de los mecanismos para el cumplimiento de la misma.

La Ley, busca asegurar que todas las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como sus familiares, disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su condición de salud.

El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, que sean necesarias y apropiadas para asegurar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad según la legislación, deber que no cumple en la actualidad.

Responsabilidades compartidas

Los medios de comunicación social, públicos, privados, comunitarios y alternativos, también tienen su responsabilidad y están obligados a promover el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con VIH/SIDA y sus familiares. Se prohíbe establecer como requisito de ingreso o permanencia de las personas al trabajo, contar con un diagnostico de VIH y exigir o practicar exámenes diagnósticos para el VIH a quienes aspiran ingresar a laborar. Aquellos que por acciones u omisiones distingan y excluyan a una o varias personas, o a sus familiares, en razón de la condición de salud de VIH/SIDA, serán sancionado con la suspensión del ejercicio profesional de acuerdo a lo establecido en las leyes del ejercicio profesional respectivo, con multa entre diez Unidades Tributarias (10 U.T.) y cien Unidades Tributarias (100 U.T.), y en caso de ser persona jurídica, la sanción podría ascender hasta mil Unidades Tributarias (1000 U.T.). La legislación existe, pero el Estado, aun tiene pendiente el compromiso de elaborar el reglamento de la presente Ley.